"Del triunfo al fracaso no hay más que un paso. Lo he visto en los asuntos más
importantes, un pequeño detalle siempre ha decidido los grandes acontecimientos".
Napoleón Bonaparte
Como
era previsible, al menos para quienes conocemos a los magistrados de
Comodoro Py, el Juez Claudio Bonadío se desmarcó de sus pares para
desatar una tormenta política cuyas consecuencias aún resultan difíciles
de prever, toda vez que puede afectar las expectativas legislativas del
Gobierno y, sobre todo, al interior del peronismo.
Mauricio
Macri espera (¿esperaba?) contar con un gran paquete de leyes antes de
fin de año, incluyendo el presupuesto 2018, la reforma fiscal, la
modificación del sistema de cálculo de las actualizaciones
previsionales, etc.; y el pedido de desafuero y detención de Cristina
Elisabet Fernández, Senadora electa, por traición a la Patria, impactó
directamente sobre el diseño parlamentario que había construido, como un
verdadero orfebre, el Senador Miguel Piccheto para aislar al
kirchnerismo, dejarlo en franca minoría y separarlo del bloque del PJ.
Los
colegas de Bonadío, varios de los cuales hubieran podido adoptar
idénticas medidas en varias causas por corrupción en las que está
imputada, pusieron a trabajar sus narices para descubrir qué prefería la
Casa Rosada y, prudentemente, se abstuvieron de ejecutarlas. Hoy, dada
la necesidad de contar con el voto de dos tercios de los miembros
presentes para lograr el desafuero solicitado, lo cierto es que no se
producirá, al menos en el mediano plazo; si la causa adquiriera mayor
consistencia cuando, dentro de mucho tiempo, llegue a la etapa oral, la
exposición pública de los hechos podría hacer que muchos de los que hoy
se amparan en posturas garantistas para proteger la libertad ambulatoria
de la viuda se vieran obligados a modificar su postura para evitar
pagar un alto costo político.
Pero,
como decía Napoleón, el Juez Bonadío, ahora convertido en
francotirador, podría producir en breve un pequeño hecho que generaría
otro tsunami, éste sí difícil de defender con invocaciones
persecutorias. Si las investigaciones hoteleras avanzan, bien podría
suceder que en febrero ordenara similares medidas contra Máximo y
Florencia Kirchner; el primero está protegido por fueros en su condición
de Diputado en ejercicio, pero no sucede lo mismo con su hermana, dueña
de incalculables fortunas y de pilas de dólares en efectivo. Herida así
en su flanco más doloroso, es complicado imaginar qué hará entonces la
leona destronada.
Por
televisión, asistí a la conferencia de prensa que brindó la rea en la
Cámara de Diputados. Imaginé cuánto hubiera ganado la nación si aparecía
un celular de culata para trasladar muy amablemente a prisión a la
mayoría de los asistentes; descollaban, por supuesto, Nilda Garré y
Agustín Rossi (ex ministros de Defensa ahora investigados por la
tragedia del "San Juan"), Martín Sabbatella (un prócer de la libertad de
prensa), Daniel Scioli (un corrupto mayor), Fernando Espinosa y
Verónica Magario (coautores recientes y sucesivos del verdadero
genocidio cometido en La Matanza) y, ¿qué menos?, Andrés Larroque
(imputado también por traición a la Patria). Ausentes con aviso: Luis
D'Elía, Fernando Esteche, Ricardo Jaime, Julio de Vido, Carlos Zannini,
Lázaro Báez, Milagro Salas, Amado Boudou, José López, Roberto Baratta,
Omar Caballo Suárez, Pata Medina y César Milani.
Pero
lo que más me llamó la atención fue el tenor de los argumentos
utilizados para descalificar la resolución de Bonadío y para imputar,
como autor intelectual de la misma, a Mauricio Macri. Sus críticas al
fallo (desconocimiento de la presunción de inocencia, limitaciones a la
prisión preventiva, prevaricato del juez, causas amañadas para condenar
sin pruebas, violación de normas constitucionales, invención de tipos
penales, obediencia del magistrado a la voluntad del Gobierno, etc.),
corresponden con exactitud a los principios jurídicos que, al ser
violados impunemente desde 2003 hasta ahora, mantienen en prisión a casi
dos mil militares, muchos hace más de una década y sin condena.
En
otro orden de cosas, si bien es cierto que el 60% de la ciudadanía
muestra en todas las encuestas su optimismo sobre la gestión del
Gobierno y la figura de Mauricio Macri, y se siente confortada con el
efecto reparador del accionar de los jueces sobre los funcionarios y
pseudo empresarios kirchneristas, no lo es menos que espera ansiosa que
avancen sobre quienes bailaron tantos tangos con ellos, pagando las
coimas que después incluían como sobreprecios en las obras públicas; y
se pregunta qué pasará cuando la ola se acerque al círculo de las
actuales autoridades.
El escándalo Odebrecht ("Lava Jato")
está arrasando con ese mundo secreto y fétido en toda la región. En la
Argentina, hay muchos nombres importantes, y de todos los colores
políticos, que deben dar explicaciones a los jueces: Enrique y Sebastián
Ezkenazi (YPF y Petersen), Jorge Brito (Banco Macro), Osvaldo Acosta y
Gustavo Ferreyra (Electroingeniería), Ángelo Calcaterra (IECSA),
Cristiano Ratazzi (Flight Express), Enrique Wagner (Constructora) y
muchos más. Hasta tanto ocurra, y de modo transparente, el escepticismo
que tanto nos caracteriza seguirá imperando.
Al tope de nuestras preocupaciones están la seguridad y la administración de justicia. Recuerdo que ya en 1130, el Rey Enrique I concedió a los londinenses el derecho a escoger como su propio sheriff
y juez a quienes ellos quisieran. Y esa anécdota viene a cuento porque
una de las causas de esas preocupaciones es la enorme desconfianza que
tenemos sobre la conducta de nuestras policías, funcionarios, fiscales y
jueces, muchas veces involucrados en el narcotráfico, la trata de
personas, el lavado de dinero o la exhibición de fortunas inexplicables;
pero aún si adoptáramos ese sistema, no debemos olvidar la
responsabilidad del Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo el
deber constitucional de ejercer el control del Poder Judicial, y de
nombrar y remover a los jueces.
Como
sucede con la defensa nacional, tristemente vuelta a poner sobre el
tapete a raíz de la inevitable tragedia del submarino "San Juan", en el
terreno de la Justicia también debemos darnos políticas de Estado, con
una clara, consistente y, sobre todo, permanente planificación del
objetivo al cual queremos llegar. Si no lo hacemos, no tendremos derecho
a quejarnos, aunque sigan depredándose nuestros recursos naturales,
continúen los movimientos subversivos secesionistas, imperen las más
violentas bandas de narcotraficantes y toleremos la inmigración
descontrolada.
Cambiando absolutamente de escenario, recuerdo que Karl Marx, citando a Hegel ("los grandes hechos y personajes de la historia se repiten"),
agregó que la primera vez lo hacen como tragedia y, la segunda, como
comedia. Nicolás Maduro que, imitando a los gerontes cubanos, sumió a su
pueblo en el hambre, la miseria y la desesperanza, ahora obliga a los
ciudadanos a obtener un "carnet de la Patria"; el nuevo documento
resulta indispensable para realizar cualquier tipo de trámite, contar
con libretas de racionamiento de comida, acceder a centros médicos y
remedios, estudiar en todos los niveles y votar, en un siniestro sistema
de control de la ciudadanía. Nada importó, para dictar tamaño
disparate, que sus númenes hayan visto fracasar en la isla, uno tras
otro, todos los programas económicos que inventaron a contramano del
mundo. Así como nos duele en el alma el régimen de terror asesino que se
implantó en Cuba a partir de 1956, hoy nos conmueve hasta la médula lo
que sucede en Venezuela, que se acerca a una situación igual y muere
cada día.