"Desterrada la Justicia, que es vínculo de las sociedades humanas,
muere también la libertad, que está unida a ella y vive por ella".
Juan Luis Vives
El
desprestigio y la sospecha penden, como una enorme nube de smog y desde
hace años, sobre el Poder Judicial, en especial cuando se trata del
fuero penal federal, radicado mayoritariamente en la mole de Comodoro
Py. En este comienzo de año contribuyó a mantener el fenómeno
atmosférico el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Omar "Caballo" Suárez,
el extorsionador de empresarios navieros y líder del Sindicato de
Obreros Marítimos (SOMU), uno de los escasos personajes privilegiados en
el círculo áulico de Cristina Fernández. El Juez federal Luis
Rodríguez, subrogando el Juzgado de su sospechado y veraneante colega,
Rodolfo Canicoba Corral, la concedió rápidamente al detenido, por
inexistentes razones de salud.
Más
allá del informe del Cuerpo Médico Forense presentado el jueves, que
negó la necesidad de ese beneficio, ya que puede ser perfectamente
atendido de sus afecciones en el Hospital Penitenciario y, en caso
necesario, recurrir a tratamientos ambulatorios en otros centros
médicos, el episodio llamó poderosamente la atención por dos motivos:
las probables razones crematísticas de la concesión de este
injustificado privilegio (se instaló en una enorme mansión que posee en
Olivos, a metros de la Quinta Presidencial) y, por supuesto, su notable
diferencia respecto al trato que reciben los muchísimos presos políticos
ancianos que pueblan las cárceles del país.
La
semana pasada se concretó, finalmente, la prisión domiciliaria del
Comisario de Policía Miguel Etchecolaz, de 88 años, que sufrió ya dos
ACV mientras permanecía en la cárcel, transformado en el detenido de
mayor edad de todo el sistema penitenciario federal. Pero siguen allí,
por ejemplo, el sacerdote Christian von Wernich, de 80 años, con cáncer y
metástasis, o Jaime Smart, de 82 años, al cual se le ha otorgado varias
veces el beneficio, nunca efectivizado por la permanente resistencia
del Juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien, para evitar las
órdenes de sus superiores, le inventaba causas nuevas cada día hasta que
fue relevado a su respecto.
Como
siempre, hubo esta semana una de cal y otra de arena. El mismo
magistrado logró la detención, en Uruguay, de otro sindicalista (SOEME),
Marcelo Balcedo, también cristinista (¿cómo sorprenderse, si antes fue
menemista, duhaldista y kircherista?) y socio de los nefastos Roberto
Baradel y Hugo Yatski, y empresario de multimedios de prensa en La
Plata. Además de haber estado prófugo en el pasado durante dos años, se
sospecha de su complicidad financiera con la más salvaje banda de
narcotraficantes de Rosario, a la cual se cree ayudaba a lavar sus
ganancias. Su futuro seguramente será muy negro, ya que le costará
justificar tantas residencias, tanto dinero en efectivo, tantos autos de
lujo, tantas armas de guerra y hasta dos aviones. ¡Qué manía tienen los
corruptos con los aviones!
Uno se pregunta, ya que están presos otros colegas suyos como Juan Manuel "Pata" Medina y Omar "Caballo Suárez", amén de José Pedraza, qué debemos hacer para que el Poder Judicial nos evite seguir siendo rehenes permanentes de Hugo Negro Moyano
y su familia. Si, una vez más, cedemos ante las extorsiones vinculadas
con la continuidad de su fallida empresa OCA, con la barra brava de
Independiente y sus miles de negocios fraudulentos, con los medicamentos
adulterados y los troqueles falsificados, con la apropiación de los
bienes del gremio, no tendremos futuro, como no lo tuvo Estados Unidos
hasta que logró mandar a la cárcel a Jimmy Hoffa, a quien nuestro
camionero tanto se parece.
Pero
también debemos preguntarnos por qué no avanzan, elevándolas a juicio
oral, las múltiples causas contra Hebe de Bonafini, los Shoklender y las
decenas de funcionarios involucrados en las monumentales estafas de
"Sueños Compartidos" y la "Universidad de las Madres".
El
escándalo de Odebrecht, que ha barrido hasta con mandatarios
latinoamericanos, tampoco parece progresar aquí; si lo hiciera, ya
deberían haber al menos prestado declaración indagatoria -una medida de
defensa- Carlos Wagner (Esuco), Paolo Rocca (Techint), Gustavo Ferreyra
(Electroingeniería) y Angelo Calcaterra (Iecsa), y la oposición habría
dejado de poder gritar que estamos nada más que ante un nuevo maquillaje
gatopardista y el nuevo poder protege a sus amigos y parientes.
Contribuye
a mantener la sucia nube que cubre a la Justicia es la llamativa
libertad de la que aún goza Ricardo Echegaray, conspicuo cómplice de las
mayores estafas contra la AFIP cuando era su Administrador. Está
vinculado directamente a las usinas de facturas falsas utilizadas por
Lázaro Báez y con la tolerancia al robo de nada menos que $ 8.000
millones que perpetraran Cristóbal López y Fabián de Souza, como antes
lo estuviera con los subsidios de la ONCAA a su propia familia, pero ni
siquiera ha sido incluido en las causas ya elevadas a juicio oral.
¿Habrá que buscar el motivo en las carpetas de información confidencial
sobre jueces, políticos y empresarios de todo pelaje que logró juntar
cuando era funcionario?
Margarita
Stolbizer, lamentablemente fuera del Congreso, denunció esta semana un
pacto entre el Gobierno y el Poder Judicial para mantener fuera de la
cárcel a Cristina Fernández. Como usted, lector, sabe, descreo de su
existencia por innecesario, ya que adjudico este raro fenómeno a la
inmejorable nariz de los magistrados federales, que creen así agradar -y
tal vez sea cierto- y beneficiar a Mauricio Macri.
Por
último, entre los episodios raros de esta semana también merecen
figurar las quejas de los familiares de Santiago Maldonado, el tatuador
muerto en el sur, por el ascenso al grado de Alférez del gendarme herido
por los mapuches del RAM mientras intentaba liberar el tránsito en la
Ruta 40. Dado que ya está harto probado que no hubo intervención de
terceros en su ahogamiento, que no sabía nadar, que sufrió hipotermia,
que su cuerpo quedó enredado en la flora subacuática y que estuvo
sumergido mientras el país entero lo buscaba, me pregunto cuál es el
propósito de esta actitud de su entorno al insistir en que la causa
continúe caratulada como "desaparición forzada". ¿Será que pretenden
sumarse a los cientos de terroristas y de deudos indemnizados injusta y
cuantiosamente por un Estado idiota que, además, se niega a informar
detalladamente sobre el tema?
Como
se ve, en el área del Poder Judicial -Consejo de la Magistratura, Corte
Suprema y Tribunales inferiores- hay por delante un enorme trabajo de
limpieza y fumigación de los edificios poblados de corruptos, pero
también de ignorantes y bastardos, que debe encararse ya mismo. De su
éxito depende todo el resto de las reformas que resultan indispensables
en el aparato del Estado en sus tres niveles y, sobre todo, la verdadera
credibilidad de la Argentina frente a los genuinos inversores
nacionales y extranjeros, hartos todos de ver cómo nos comportamos como
chicos caprichosos, capaces de cambiar las reglas del juego a cada
instante y, cuando vamos perdiendo, llevarnos la pelota.
¡Ojalá
los argentinos hubiéramos encontrado todo eso en nuestros zapatos esta
mañana, después que pasaran anoche por nuestro país los Reyes Magos!